Ordena el IFAI transparentar proceso de liquidación de LFC
Miercoles, 17 de Febrero de 2010 23:22
MEXICO, DF (Apro).— El Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) ordenó al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) transparentar el proceso de liquidación de los trabajadores de la hoy extinta compañía de Luz y Fuerza del Centro (LFC).
Asimismo, consideró prudente clasificar el nombre de los empleados que cobraron su indemnización, toda vez, que si bien es información de naturaliza pública, “las circunstancias actuales de tiempo, modo y lugar permiten determinar una reserva de un año”.A propuesta de la comisionada ponente, María Marván, el pleno del IFAI determinó lo anterior y advirtió que el SAE cuenta con la atribución para liquidar organismos descentralizados de la administración pública federal, así como para ejecutar los mandatos en nombre y representación del Gobierno Federal.El SAE, órgano descentralizado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), tanto en su respuesta como en su escrito de alegatos, destacó el IFAI, no había otorgado información referente al número de partida; oficios de inversión y autorizaciones; justificación u oficios para emitir y pagar los cheques a los 28 mil 190 extrabajadores, de un total de 44 mil 514; los oficios recibidos de Hacienda al SAE para realizar la operación, y los que acreditaron la transferencia de los recursos.El SAE tampoco había proporcionado el origen de los recursos federales para el pago de liquidaciones, así como el cargo, años trabajados, monto emitido del cheque y si se cobró o no. Por ese motivo, el IFAI determinó procedente revocar la respuesta proporcionada por el SAE y le instruyó para que realice una búsqueda “exhaustiva” de los documentos solicitados y entregue al nivel de detalle con los que cuente. En caso de no encontrar la documentación, deberá “declarar formalmente la inexistencia de la información”, observando a cabalidad el procedimiento establecido en la ley federal de transparencia y su reglamento.Del mismo modo, el IFAI revocó la clasificación respecto del cargo, años trabajados, monto emitido del cheque pagado por indemnización y, en consecuencia, instruye al SAE a realizar una búsqueda de información para que la ponga a disposición del recurrente, en una versión pública, en la que deberá omitir la información relativa a datos personales.La razón de una “versión pública” de esa información, observó el IFAI, es que ésta puede contener números de cuenta bancarias y también datos personales como domicilio, CURP y RFC, por ejemplo. Con el propósito de allegarse de elementos que le permitieran resolver el tema, la comisionada Marván Laborde realizó una búsqueda de información pública en la página de Internet del SAE.En dicha búsqueda se encontró el monto del pago extraordinario ofrecido por el Gobierno Federal (porcentajes por antigüedad); cifra de personal de LFC que cobró su liquidación (28 mil 190 ex trabajadores, es decir, 63.33 por ciento de un total de 44 mil 514, hasta el 23 de diciembre de 2009), que fue de aproximadamente 12 mil millones de pesos (cifra preliminar previa a conciliación).
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MEXICO, DF (Apro).— El Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) ordenó al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) transparentar el proceso de liquidación de los trabajadores de la hoy extinta compañía de Luz y Fuerza del Centro (LFC).
Asimismo, consideró prudente clasificar el nombre de los empleados que cobraron su indemnización, toda vez, que si bien es información de naturaliza pública, “las circunstancias actuales de tiempo, modo y lugar permiten determinar una reserva de un año”.A propuesta de la comisionada ponente, María Marván, el pleno del IFAI determinó lo anterior y advirtió que el SAE cuenta con la atribución para liquidar organismos descentralizados de la administración pública federal, así como para ejecutar los mandatos en nombre y representación del Gobierno Federal.El SAE, órgano descentralizado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), tanto en su respuesta como en su escrito de alegatos, destacó el IFAI, no había otorgado información referente al número de partida; oficios de inversión y autorizaciones; justificación u oficios para emitir y pagar los cheques a los 28 mil 190 extrabajadores, de un total de 44 mil 514; los oficios recibidos de Hacienda al SAE para realizar la operación, y los que acreditaron la transferencia de los recursos.El SAE tampoco había proporcionado el origen de los recursos federales para el pago de liquidaciones, así como el cargo, años trabajados, monto emitido del cheque y si se cobró o no. Por ese motivo, el IFAI determinó procedente revocar la respuesta proporcionada por el SAE y le instruyó para que realice una búsqueda “exhaustiva” de los documentos solicitados y entregue al nivel de detalle con los que cuente. En caso de no encontrar la documentación, deberá “declarar formalmente la inexistencia de la información”, observando a cabalidad el procedimiento establecido en la ley federal de transparencia y su reglamento.Del mismo modo, el IFAI revocó la clasificación respecto del cargo, años trabajados, monto emitido del cheque pagado por indemnización y, en consecuencia, instruye al SAE a realizar una búsqueda de información para que la ponga a disposición del recurrente, en una versión pública, en la que deberá omitir la información relativa a datos personales.La razón de una “versión pública” de esa información, observó el IFAI, es que ésta puede contener números de cuenta bancarias y también datos personales como domicilio, CURP y RFC, por ejemplo. Con el propósito de allegarse de elementos que le permitieran resolver el tema, la comisionada Marván Laborde realizó una búsqueda de información pública en la página de Internet del SAE.En dicha búsqueda se encontró el monto del pago extraordinario ofrecido por el Gobierno Federal (porcentajes por antigüedad); cifra de personal de LFC que cobró su liquidación (28 mil 190 ex trabajadores, es decir, 63.33 por ciento de un total de 44 mil 514, hasta el 23 de diciembre de 2009), que fue de aproximadamente 12 mil millones de pesos (cifra preliminar previa a conciliación).
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