Ordena IFAI tener un año en reserva los nombres de quienes aceptaron liquidarse
Elizabeth Velasco C.
Periódico La Jornada
Jueves 18 de febrero de 2010, p. 16
Para evitar que “se ponga en riesgo la integridad física” de 28 mil 190 ex trabajadores de Luz y Fuerza del Centro (LFC) que ya cobraron su liquidación (que ascendió a más de 12 mil millones de pesos), el pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) ordenó de manera “excepcional” mantener bajo reserva sus nombres por un año, así como cualquier dato que pueda “hacer identificables” a los liquidados.
Al debatir el recurso de revisión 6027/09, interpuesto contra el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), la comisionada ponente María Marván revocó la confidencialidad que ese órgano liquidador de LFC ordenó sobre los nombres de los electricistas que ya hicieron efectivos sus cheques, el cargo que desempeñaron, años laborados y el monto de indemnización recibido, pero la comisionada Sigrid Arzt pidió aplicar la reserva del nombre de los ex trabajadores por la “violencia de algunos integrantes del sindicato (Mexicano de Electricistas) contra los trabajadores que han cobrado su finiquito”.
Arzt admitió que aun cuando “el nombre de un servidor público no es confidencial, en este caso es procedente clasificarlo, porque se podría poner en riesgo la seguridad e integridad personal de cada uno de ellos”.
La ex artífice del modelo de seguridad en los inicios de la gestión de Felipe Calderón sostuvo que las notas periodísticas han dado cuenta de la “violencia” con que actúan los miembros del SME contra los disidentes, así como de los “daños a inmuebles, vehículos. Incluso, a esta fecha, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal se ha visto en la necesidad de abrir averiguaciones previas contra quienes pudieran resultar responsables” por esos hechos.
Difundir los nombres –sostuvo Arzt– “agudizaría los roces entre el SME y los disidentes”, y, con ello, “se pondría en riesgo la vida e integridad física tanto de los trabajadores como de sus familiares”.
María Marván precisó que contrario a lo que afirmó el SAE, el nombre de un servidor público no es confidencial, pero por las “circunstancias de modo, tiempo y lugar” que privan por la liquidación de LFC, se reservará el dato un año, periodo sujeto a revisión en caso de persistir las actuales circunstancias.
Jacqueline Peschard propuso la reserva también de cualquier otro dato que pueda identificar a los ex electricistas que han cobrado. Por tanto, se determinó la entrega de versión pública de las pólizas de los finiquitos, lo que significa que se eliminarán además del nombre, antigüedad y otros datos que pudieran hacer “identificables” a los ex trabajadores de LFC.
“La versión pública que debe entregarse al solicitante (de la información) se refiere a las 28 mil 190 pólizas, en las que se pueda ver el monto de todos y cada uno de los cheques expedidos. Se dará 30 días para su elaboración. Es importante hacer consciente al pleno que estamos en una situación clara de excepción con respecto a los nombres de quienes reciben recursos públicos”, subrayó Marván.
La comisionada ponente ordenó también al SAE entregar documentos específicos sobre los oficios que recibió de Hacienda para autorizar el pago de cheques y otras operaciones, justificación para emitir el pago de cheques de los 44 mil 511 ex trabajadores de LFC, y otros documentos que acrediten la transferencia de los recursos públicos para la liquidación referida. Otro dato que dio el SAE, fue que se utilizó la partida presupuestal 23 para el pago del finiquito de la relación laboral.
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Periódico La Jornada
Jueves 18 de febrero de 2010, p. 16
Para evitar que “se ponga en riesgo la integridad física” de 28 mil 190 ex trabajadores de Luz y Fuerza del Centro (LFC) que ya cobraron su liquidación (que ascendió a más de 12 mil millones de pesos), el pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) ordenó de manera “excepcional” mantener bajo reserva sus nombres por un año, así como cualquier dato que pueda “hacer identificables” a los liquidados.
Al debatir el recurso de revisión 6027/09, interpuesto contra el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), la comisionada ponente María Marván revocó la confidencialidad que ese órgano liquidador de LFC ordenó sobre los nombres de los electricistas que ya hicieron efectivos sus cheques, el cargo que desempeñaron, años laborados y el monto de indemnización recibido, pero la comisionada Sigrid Arzt pidió aplicar la reserva del nombre de los ex trabajadores por la “violencia de algunos integrantes del sindicato (Mexicano de Electricistas) contra los trabajadores que han cobrado su finiquito”.
Arzt admitió que aun cuando “el nombre de un servidor público no es confidencial, en este caso es procedente clasificarlo, porque se podría poner en riesgo la seguridad e integridad personal de cada uno de ellos”.
La ex artífice del modelo de seguridad en los inicios de la gestión de Felipe Calderón sostuvo que las notas periodísticas han dado cuenta de la “violencia” con que actúan los miembros del SME contra los disidentes, así como de los “daños a inmuebles, vehículos. Incluso, a esta fecha, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal se ha visto en la necesidad de abrir averiguaciones previas contra quienes pudieran resultar responsables” por esos hechos.
Difundir los nombres –sostuvo Arzt– “agudizaría los roces entre el SME y los disidentes”, y, con ello, “se pondría en riesgo la vida e integridad física tanto de los trabajadores como de sus familiares”.
María Marván precisó que contrario a lo que afirmó el SAE, el nombre de un servidor público no es confidencial, pero por las “circunstancias de modo, tiempo y lugar” que privan por la liquidación de LFC, se reservará el dato un año, periodo sujeto a revisión en caso de persistir las actuales circunstancias.
Jacqueline Peschard propuso la reserva también de cualquier otro dato que pueda identificar a los ex electricistas que han cobrado. Por tanto, se determinó la entrega de versión pública de las pólizas de los finiquitos, lo que significa que se eliminarán además del nombre, antigüedad y otros datos que pudieran hacer “identificables” a los ex trabajadores de LFC.
“La versión pública que debe entregarse al solicitante (de la información) se refiere a las 28 mil 190 pólizas, en las que se pueda ver el monto de todos y cada uno de los cheques expedidos. Se dará 30 días para su elaboración. Es importante hacer consciente al pleno que estamos en una situación clara de excepción con respecto a los nombres de quienes reciben recursos públicos”, subrayó Marván.
La comisionada ponente ordenó también al SAE entregar documentos específicos sobre los oficios que recibió de Hacienda para autorizar el pago de cheques y otras operaciones, justificación para emitir el pago de cheques de los 44 mil 511 ex trabajadores de LFC, y otros documentos que acrediten la transferencia de los recursos públicos para la liquidación referida. Otro dato que dio el SAE, fue que se utilizó la partida presupuestal 23 para el pago del finiquito de la relación laboral.
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