Ganan juicio millonario contra “fractura hidráulica” en EU
MÉXICO, D.F. (apro).- Mientras en México se discute la posible responsabilidad de la “fractura hidráulica” (fracking) en los recientes sismos en el norte del país, en Estados Unidos la familia Parr ganó el martes 22 el primer juicio contra este método de extracción del gas no convencional, debido a enfermedades derivadas de la contaminación del agua y del aire.
Al término del juicio, empezado en 2011, la mayoría de los jurados de la Quinta Corte del condado de Dallas, Texas, condenó a la compañía Aruba Petroleum a entregar 2.95 millones de dólares a Robert y Lisa Parr.
La familia Parr reportó problemas de salud en 2009, cuando las compañías iniciaron las perforaciones en el condado de Wise County, donde se encuentra la formación de gas shale –o lutitas– llamada Barnett.
Aruba explotaba 22 pozos a menos de cinco kilómetros del rancho de la familia; el más cercano se encontraba a 240 metros, asevera la firma de abogados Matthews & Associates, que defendió a la familia Parr.
La madre, Lisa, relató a la prensa que a partir de 2009 su sistema nervioso se trastocó y aparecieron graves problemas de salud, por lo que vio a ocho doctores en el transcurso de un año.
“No podía oír, y mi visión se arruinó. Mi cuerpo entero temblaba desde adentro. Vomitaba espuma blanca por las mañanas”, contó a la cadena CNN.
William Rae, integrante del Centro de Salud Ambiental de Dallas, encontró 20 químicos en la sangre y pulmones de Lisa, por lo que le aconsejó alejarse de su vivienda.
Robert y su hija Emma también sufrieron náuseas, derrames de sangre por la nariz, salpullidos cutáneos o problemas en presión sanguínea, según la prensa estadunidense.
A raíz de las observaciones de los galenos, la familia su mudó para vivir en la oficina de Robert, en Denton.
En su demanda inicial, cuya copia se encuentra en Internet, la familia Parr pedía un monto máximo de 66 millones de dólares por 26 afectaciones a sus derechos.
De estas afectaciones, el jurado retuvo cuatro: los sufrimientos y dolores que provocó la extracción del gas shale –por un valor de 2 millones de dólares–; los daños causados a la salud de la familia –250 mil dólares–, la situación de angustia provocada –400 mil dólares–; así como la pérdida de valor mercantil del rancho de la familia –275 mil dólares–, de acuerdo con el bufete de abogados.
Aruba Petroleum, por su parte, anunció que apelará la decisión, ya que según su abogado Ben Barron resulta imposible saber qué pozo es responsable de causar los trastornos.
Fractura tóxica
La organización Earthworks documentó desde 2011 los daños ambientales derivados de la fractura hidráulica en su reporte “Gas natural fracturado: cómo el boom del gas natural en Texas afecta la salud y la seguridad”.
En el reporte, la organización asevera que la formación de shale de Barnett podría representar el mayor yacimiento de gas sobre el territorio estadunidense.
Asimismo, recuerda que 90% de los pozos de gas y petróleo en Estados Unidos se explotan mediante la fractura horizontal, a pesar de que esta técnica implique el uso de sustancias químicas cancerígenas, como el benceno o el cromo, metales pesados, así como derivados de hidrocarburos.
Además, una ley de 2005 eximió de la Ley de Aguas Potables los fluidos tóxicos usados en la fractura hidráulica, lo que “permitió la inyección de sustancias peligrosas y no controladas directamente, o casi directamente en fuentes de agua potable subterráneas”.
Según Earthworks, la ley “autoriza localizar una plataforma de extracción a pocos metros de una residencia sin el consentimiento de los propietarios”.
De acuerdo con los datos de la Comisión del Ferrocarril de Texas, el órgano que regula los asuntos petrolíferos en el estado, entre 2003 y 2013 fueron otorgados 185 mil 968 concesiones de extracción, por lo que ahora 6 millones de texanos viven a menos de una milla (2.6 kilómetros) de un pozo de petróleo o de gas, según el Wall Street Journal.
Earthworks asevera además que, durante los primeros siete meses de 2010, la Comisión Texana sobre Calidad Ambiental registró 256 quejas provenientes de habitantes aledaños a la formación de shale Barnett, de las que sólo se señalaron tres infracciones en el condado de Wise.
A raíz de estas quejas, la organización realizó análisis médicos y toxicológicos en las localidades y viviendas. En sus conclusiones destacó las graves afectaciones a la salud que genera la liberación en la atmósfera de gases cancerígenos, la contaminación del agua potable o la reducción de los recursos acuíferos que provoca la técnica de fractura hidráulica.
“La industria niega los riesgos y los reguladores estatales los minimizan, al decir que no existen lazos definitivos entre la extracción, la fractura y las operaciones de producción con las quejas de los residentes y los síntomas”, asevera el reporte.
Mientras tanto, el gobierno de Enrique Peña Nieto sigue apostando a la extracción del gas shale en la reforma energética. En la página de la Presidencia de la República dedicada a esa reforma, el gobierno lamenta:
“México no está aprovechando su potencial para extraer gas natural, debido a la falta de inversión en su explotación, especialmente en el caso de las piedras de lutitas”.
Y deplora: “Mientras que en 2012 en Estados Unidos se autorizaron cerca de 9 mil 100 pozos para producir petróleo y gas de lutitas, en México sólo se autorizaron tres”.
Sin embargo, el secretario de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, Ricardo Mejía Berdeja –del partido Movimiento Ciudadano (MC)–, exhortó ayer el gobierno a prohibir la fractura hidráulica tomando el ejemplo de la ciudad de Los Ángeles o países como Francia y Bélgica, donde el método de extracción –de acuerdo con Notimex, se encuentra bloqueado por un recurso moratorio.
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