COMUNICADO EPR
AL PUEBLO DE MEXICO
A LOS PUEBLOS DEL MUNDO
A LOS ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS
A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES, POLÍTICAS Y REVOLUCIONARIAS
¡HERMANAS, HERMANOS, CAMARADAS!
Por una política de Estado de pretender combatir la pobreza y sus respectivas consecuencias por medio de la violencia institucionalizada bajo el insostenible argumento de la lucha contra el narcotráfico el país se desangra profundamente con los más de 22 mil muertos que mediáticamente son presentados como “ajuste de cuentas entre delincuentes”; la agresión policíaco-militar contra el pueblo es presentada como “un mal menor” el cual hay que aceptar; las muertes de ciudadanos inocentes son presentadas como “daño colateral”; y las cárceles están llenas fundamentalmente de ciudadanos inocentes que por falta de dinero o no ostentar un apellido de “renombre” no pueden demostrar su inocencia ante el corrupto sistema judicial. Esto habla por sí solo de la incapacidad, la ignorancia y las convicciones autoritarias de quien ocupa los Pinos de manera ilegítima, el cual se ha rebelado junto con el séquito de funcionaros como el mayor peligro para el país.
En el marco de la permanente violencia institucional contra el pueblo el poder Legislativo no puede dar más poder al Presidente y al ejército federal como pretenden las fuerzas reaccionarias del país, ello significaría cheque en blanco para que continúe la impunidad de las diferentes policías del país, pero en especial de la policía federal, el ejército federal y la marina que por orden del ilegítimo se abrogan el derecho de tirar a todo lo “que se mueva”, darles más poder significaría legalizar todos los crímenes de Estado que se están cometiendo contra el pueblo, no se olvide que es precisamente el ejército federal y la marina quienes están promoviendo la creación de grupos de paramilitares los cuales actúan de la mano con la delincuencia organizada para asesinar y desaparecer tanto a ciudadanos como a los luchadores sociales.
Ni ajustes de cuentas, ni “levantones sin intención de rescate”, ni “daños colaterales”, ni mucho menos muertes de “civiles” en fuego cruzado, todos son asesinatos premeditados, asesinatos de Estado que se configuran bajo la estrategia de “limpieza social” y el control contrainsurgente de la población por medio del terrorismo de Estado.
Desde hace tiempo habíamos advertido de las contradicciones que existen entre la cúpula militar y grupos de oficiales del ejército que no están de acuerdo con la política de este gobierno autoritario, ni con las decisiones belicistas de la cúpula militar, hoy se hacen públicas ante la imposibilidad de ocultarlas y es la comprobación de que al frente del ejército mexicano tiene como jefe máximo a un pequeño Huerta, ignorante y dictatorial. El hecho ventilado con los legisladores evidencia que se quiere ocultar que una parte del ejército no quiere una lucha fratricida, que no está de acuerdo con la agresión contra el pueblo, que no comparte las aficiones fascistas del Ejecutivo y de la cúpula militar que sólo ven al ejército mexicano y a la marina como instrumentos de represión para continuar sosteniendo a un presidente espurio y defender los intereses de un puñado de politicastros y oligarcas que se han enriquecido a más no poder en los nueve años de gobiernos panistas.
No es de extrañar que los altos mandos del ejército federal, la marina y la policía federal sigan ciegamente las políticas fascistas y contrainsurgentes que aprenden en los cursos de contraguerrilla y contraterrorismo impartidos por el Estado sionista de Israel y el gobierno militarista norteamericano, que preparan y especializan a los oficiales militares y policías mexicanos en el oficio de asesinar, torturar y desaparecer deliberadamente a ciudadanos por su origen y condición social, a los luchadores sociales por su participación política y protestar contra este gobierno antipopular, tal y como lo hacen las fuerzas israelitas contra el pueblo palestino y las fuerzas intervencionistas norteamericanas en diferentes partes del mundo.
La supuesta especialización de los cuerpos policíacos y militares nunca ha sido, ni será la solución para combatir y erradicar la delincuencia social, ésta tiene raíz en la desigualdad económica de una sociedad que sólo procura los intereses de unos cuantos. Esta solución es fascista como la expresión galvanista de los necesarios “daños colaterales”, concepto establecido por la concepción contrainsurgente norteamericana que trata de minimizar el asesinato premeditado e impune de ciudadanos por las fuerzas castrenses. ¿Cuál guerra?, las fuerzas represivas del gobierno federal no se están enfrentando a un ejército regular, la supuesta superioridad de fuego y logística del crimen organizado no es tal, es un mito y una coartada apuntalada y magnificada por el gobierno federal, la cúpula policíaco-militar y el duopolio de la comunicación Televisa y TV Azteca, que pretenden abonar las ambiciones de imponer una dictadura con una marioneta “civil” al frente de ella.
Estos oficiales que van a Israel y luego a Estados Unidos a prepararse en todo tipo de tormentos y vilezas humanas como es el torturar sin dejar huella; fabricar escenarios de enfrentamientos inexistentes para justificar los asesinatos de ciudadanos indefensos; armar en “caliente” expedientes criminales a obreros, estudiantes, veladores, ciudadanos y luchadores sociales, que si no son enviados a prisiones de máxima seguridad son ultimados a quemarropa; así como el encubrimiento de la detención desaparición forzada de miles de ciudadanos que son presentados como eventos delincuenciales, todos ellos “haiga sido como haiga sido” son crímenes de lesa humanidad cometidos por las fuerzas represivas formales e informales del Estado mexicano, es decir, ejército, marina, policía federal y grupos paramilitares.
Oficiales preparados en contrainsurgencia, antiterrorismo y en la lucha antinarcóticos que terminan en un lapso de 5 a 6 años formando parte activa y orgánica con el crimen organizado sin perder el cordón umbilical con el Estado mexicano y sus instituciones. Esa es la especialización a la que aluden los generales que dicen han adquirido los militares y marinos para “atacar”, sí pero al pueblo y en eso no hay honor ni gloria, mucho menos valor que reconocer.
El enojo de Calderón y Gómez Mont ante la supuesta “presión de diferentes sectores” por llegar a un acuerdo con la delincuencia organizada es una mueca infantil y grotesca para tratar de cubrir lo que todo el pueblo conoce, que la delincuencia organizada en todas sus modalidades y giros tiene origen y patente gubernamental.
Todo apunta a un gran y nuevo acuerdo para mantener una economía subterránea que funciona sobre la base de la corrupción y el crimen organizado, el único diferendo existente hasta ahora entre los principales grupos de poder económico vinculados a la delincuencia organizada y el Estado, es cómo unir fuerzas, como antes, entre ellos para combatir a la insurgencia revolucionaria y a los luchadores sociales para tratar de evitar un estallido social.
Volvemos a insistir que ante tanta impunidad gubernamental, el asesinato premeditado de ciudadanos, el encarcelamiento por consigna de luchadores sociales, las miles de desapariciones forzadas como práctica de “limpieza social” y contrainsurgencia, el siniestro hostigamiento y vejación a los presos políticos para que claudiquen de la lucha y el hostigamientos sistemático de las organizaciones populares como pueblo debemos organizarnos para que a Calderón, Gómez Mont y la cúpula policíaco-militar belicista sean juzgados por los múltiples crímenes de lesa humanidad que han estado cometiendo como política de Estado.
Se debe exigir juicio y castigo a los militares y su respectiva cúpula por tribunales civiles nacionales e internacionales porque en nuestro país no existe la justicia, ésta se vende al mejor postor y está al servicio de los grandes empresarios nacionales y extranjeros. La exigencia de “garantías jurídicas” y la demanda de mantener el fuero militar es una pretensión anticonstitucional y retrógrada que busca plena impunidad, así como borrar de la memoria colectiva los derechos constitucionales y las conquistas sociales que se han logrado a base de lucha por nuestro pueblo. La ambición de poder político y económico de la cúpula militar no tiene límite, ante ésta el Ejecutivo espurio sólo juega el papel de ordenanza.
En las actuales condiciones de precariedad de la mayoría de la sociedad profundizadas por el actual gobierno; de la violencia institucionalizada contra el pueblo para implantar el terror del Estado; la creciente criminalización de la sociedad que a ojos de militares, policías y políticos todos somos delincuentes; y la impunidad de los ejecutores de la represión y los crímenes de Estado, todos tenemos que organizarnos contra los responsables de la pobreza, la miseria, la impunidad y la represión de este gobierno antipopular.
Guardar silencio, omitir la verdad, tomar una actitud de indiferencia y de pasividad ante la violación de los derechos humanos significa dar un espaldarazo a la política policíaco-militar del gobierno ilegítimo y de la cúpula militar que pugnan por imponer un estado policíaco-militar, en donde “los civiles” que no porten uniforme de policía o de militar son delincuentes que son tratados de acuerdo al adiestramiento fascista de las fuerzas castrenses. Guardar silencio o indiferencia es justificar este proceder autoritario.
¿Qué tenemos que hacer como pueblo?... No hay otro camino más que la lucha organizada fuera de los marcos corporativizantes y mediatizadores, porque el pueblo organizado y en lucha es el único que podrá transformar su propio destino y al país. Ciudadanos sin partido, luchadores sociales de todos las posiciones políticas, personalidades progresistas, académicos, científicos, periodistas, militantes honestos de partidos políticos electorales y los revolucionarios debemos luchar unidos porque todos estamos en la mira del “jefe supremo” y sus fuerzas represivas.
La lucha debe ser por un cambio estructural, tomando con sensibilidad un compromiso con el pueblo y no como discurso coyuntural para posicionarse políticamente, en las actuales condiciones toda manifestación de inconformidad y protesta desde las diversas formas y trincheras de lucha debe exigir:
- La libertad de todos los presos políticos y de conciencia.
- El respeto de la vida de los luchadores sociales y libertad de militancia política.
- La información detallada de todos los detenidos desaparecidos del pasado y presente y su presentación con vida.
- Cese a la criminalización gubernamental de la pobreza, la lucha y la protesta popular.
- El respeto irrestricto a los derechos constitucionales y a los derechos humanos.
- Respeto al sindicalismo independiente y la libertad de organización, manifestación y de expresión.
- Alto al acoso y hostigamiento policíaco-militar hacia pueblos, comunidades campesinas e indígenas y organizaciones populares acosadas por defender sus derechos constitucionales.
- El castigo a los promotores intelectuales y materiales de la pobreza y hambruna en nuestro país que abarca a más de 70 millones de mexicanos.
- Respuesta concreta del Estado mexicano sobre la desaparición de nuestros compañeros, así como del resto de los detenidos desaparecidos del país, ya sea por motivos políticos o sociales.
- Castigo a los responsables de los crímenes de Estado que se han estado cometiendo bajo la bandera del combate al narcotráfico.
- Libertad a todos los presos inocentes que injustamente se encuentran en las cárceles por presunción de ser delincuentes y por consigna gubernamental.
- El rechazo a la reforma laboral que pretende anular derechos sindicales y conquistas sociales.
Es inconcebible que una política fascista que todo criminaliza y ahoga en un baño de sangre al país sea reproducida por gobiernos progresistas que de una u otra manera hacen eco a las exigencias de la ultraderecha y la cúpula militar con apoyo de los monopolios de comunicación que justifican y hacen apología de la violencia institucionalizada contra el pueblo y los luchadores sociales, que para todos ellos los muertos si no son de los propios, no hay sentimiento humano que valga sólo representan cifras y cifras que justifican “la abnegada y valiente actuación” de las fuerzas represivas.
Reiteramos que el origen de la delincuencia y la descomposición social está en la insatisfacción de las necesidades fundamentales para vivir dignamente y los derechos constitucionales como son el trabajo, la salud, la vivienda, la alimentación, la educación, la cultura, la recreación, entre otros, por lo tanto su solución es de carácter político social y no policíaco militar, porque los presuntos delincuentes no nacieron como tales por tener un origen pobre, de madres solteras o de hogares desintegrados, aquellos los engendra premeditadamente el sistema y los gobiernos antipopulares con sus políticas neoliberales y que desbordado el problema pretenden resolverlo con la “limpieza social”.
En esta espiral de represión gubernamental sin freno, de militarización y criminalización a toda la sociedad, de la aberrante práctica de la desaparición forzada por motivos políticos o sociales cualquier área geográfica del país se convierte en escenario y objetivo militar para el accionar de todos aquellos que los marcos de la lucha legal ya no sean suficientes para lograr la transformación social.
Estamos esperando respuesta de parte del gobierno federal sobre nuestras demandas a través de la Comisión de Mediación, no olvidamos que nuestros compañeros Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez siguen detenidos desaparecidos; no olvidamos que en esta condición, entre muchos más, se encuentran otros ciudadanos y luchadores sociales; no olvidamos y nadie debe olvidar que muchos luchadores sociales han sido arteramente asesinados por las fuerzas represivas como la Sra. Josefina Reyes por denunciar los abusos militares.
¡VIVOS SE LOS LLEVARON, VIVOS LOS QUEREMOS!
¡A EXIGIR LA LIBERTAD DE TODOS LOS PRESOS POLITICOS Y DE CONCIENCIA DEL PAIS!
¡POR LA PRESENTACION DE TODOS LOS DETENIDOS DESAPARECIDOS!
¡POR LA REVOLUCION SOCIALISTA!
¡VENCER O MORIR!
¡POR NUESTROS CAMARADAS PROLETARIOS!
¡RESUELTOS A VENCER!
¡CON LA GUERRA POPULAR!
¡EL EPR TRIUNFARA!
COMITÉ CENTRAL DEL PARTIDO DEMOCRATICO POPULAR REVOLUCIONARIO
PDPR
COMANDANCIA GENERAL DEL EJERCITO POPULAR REVOLUCIONARIO
CG-EPR
A LOS PUEBLOS DEL MUNDO
A LOS ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS
A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES, POLÍTICAS Y REVOLUCIONARIAS
¡HERMANAS, HERMANOS, CAMARADAS!
Por una política de Estado de pretender combatir la pobreza y sus respectivas consecuencias por medio de la violencia institucionalizada bajo el insostenible argumento de la lucha contra el narcotráfico el país se desangra profundamente con los más de 22 mil muertos que mediáticamente son presentados como “ajuste de cuentas entre delincuentes”; la agresión policíaco-militar contra el pueblo es presentada como “un mal menor” el cual hay que aceptar; las muertes de ciudadanos inocentes son presentadas como “daño colateral”; y las cárceles están llenas fundamentalmente de ciudadanos inocentes que por falta de dinero o no ostentar un apellido de “renombre” no pueden demostrar su inocencia ante el corrupto sistema judicial. Esto habla por sí solo de la incapacidad, la ignorancia y las convicciones autoritarias de quien ocupa los Pinos de manera ilegítima, el cual se ha rebelado junto con el séquito de funcionaros como el mayor peligro para el país.
En el marco de la permanente violencia institucional contra el pueblo el poder Legislativo no puede dar más poder al Presidente y al ejército federal como pretenden las fuerzas reaccionarias del país, ello significaría cheque en blanco para que continúe la impunidad de las diferentes policías del país, pero en especial de la policía federal, el ejército federal y la marina que por orden del ilegítimo se abrogan el derecho de tirar a todo lo “que se mueva”, darles más poder significaría legalizar todos los crímenes de Estado que se están cometiendo contra el pueblo, no se olvide que es precisamente el ejército federal y la marina quienes están promoviendo la creación de grupos de paramilitares los cuales actúan de la mano con la delincuencia organizada para asesinar y desaparecer tanto a ciudadanos como a los luchadores sociales.
Ni ajustes de cuentas, ni “levantones sin intención de rescate”, ni “daños colaterales”, ni mucho menos muertes de “civiles” en fuego cruzado, todos son asesinatos premeditados, asesinatos de Estado que se configuran bajo la estrategia de “limpieza social” y el control contrainsurgente de la población por medio del terrorismo de Estado.
Desde hace tiempo habíamos advertido de las contradicciones que existen entre la cúpula militar y grupos de oficiales del ejército que no están de acuerdo con la política de este gobierno autoritario, ni con las decisiones belicistas de la cúpula militar, hoy se hacen públicas ante la imposibilidad de ocultarlas y es la comprobación de que al frente del ejército mexicano tiene como jefe máximo a un pequeño Huerta, ignorante y dictatorial. El hecho ventilado con los legisladores evidencia que se quiere ocultar que una parte del ejército no quiere una lucha fratricida, que no está de acuerdo con la agresión contra el pueblo, que no comparte las aficiones fascistas del Ejecutivo y de la cúpula militar que sólo ven al ejército mexicano y a la marina como instrumentos de represión para continuar sosteniendo a un presidente espurio y defender los intereses de un puñado de politicastros y oligarcas que se han enriquecido a más no poder en los nueve años de gobiernos panistas.
No es de extrañar que los altos mandos del ejército federal, la marina y la policía federal sigan ciegamente las políticas fascistas y contrainsurgentes que aprenden en los cursos de contraguerrilla y contraterrorismo impartidos por el Estado sionista de Israel y el gobierno militarista norteamericano, que preparan y especializan a los oficiales militares y policías mexicanos en el oficio de asesinar, torturar y desaparecer deliberadamente a ciudadanos por su origen y condición social, a los luchadores sociales por su participación política y protestar contra este gobierno antipopular, tal y como lo hacen las fuerzas israelitas contra el pueblo palestino y las fuerzas intervencionistas norteamericanas en diferentes partes del mundo.
La supuesta especialización de los cuerpos policíacos y militares nunca ha sido, ni será la solución para combatir y erradicar la delincuencia social, ésta tiene raíz en la desigualdad económica de una sociedad que sólo procura los intereses de unos cuantos. Esta solución es fascista como la expresión galvanista de los necesarios “daños colaterales”, concepto establecido por la concepción contrainsurgente norteamericana que trata de minimizar el asesinato premeditado e impune de ciudadanos por las fuerzas castrenses. ¿Cuál guerra?, las fuerzas represivas del gobierno federal no se están enfrentando a un ejército regular, la supuesta superioridad de fuego y logística del crimen organizado no es tal, es un mito y una coartada apuntalada y magnificada por el gobierno federal, la cúpula policíaco-militar y el duopolio de la comunicación Televisa y TV Azteca, que pretenden abonar las ambiciones de imponer una dictadura con una marioneta “civil” al frente de ella.
Estos oficiales que van a Israel y luego a Estados Unidos a prepararse en todo tipo de tormentos y vilezas humanas como es el torturar sin dejar huella; fabricar escenarios de enfrentamientos inexistentes para justificar los asesinatos de ciudadanos indefensos; armar en “caliente” expedientes criminales a obreros, estudiantes, veladores, ciudadanos y luchadores sociales, que si no son enviados a prisiones de máxima seguridad son ultimados a quemarropa; así como el encubrimiento de la detención desaparición forzada de miles de ciudadanos que son presentados como eventos delincuenciales, todos ellos “haiga sido como haiga sido” son crímenes de lesa humanidad cometidos por las fuerzas represivas formales e informales del Estado mexicano, es decir, ejército, marina, policía federal y grupos paramilitares.
Oficiales preparados en contrainsurgencia, antiterrorismo y en la lucha antinarcóticos que terminan en un lapso de 5 a 6 años formando parte activa y orgánica con el crimen organizado sin perder el cordón umbilical con el Estado mexicano y sus instituciones. Esa es la especialización a la que aluden los generales que dicen han adquirido los militares y marinos para “atacar”, sí pero al pueblo y en eso no hay honor ni gloria, mucho menos valor que reconocer.
El enojo de Calderón y Gómez Mont ante la supuesta “presión de diferentes sectores” por llegar a un acuerdo con la delincuencia organizada es una mueca infantil y grotesca para tratar de cubrir lo que todo el pueblo conoce, que la delincuencia organizada en todas sus modalidades y giros tiene origen y patente gubernamental.
Todo apunta a un gran y nuevo acuerdo para mantener una economía subterránea que funciona sobre la base de la corrupción y el crimen organizado, el único diferendo existente hasta ahora entre los principales grupos de poder económico vinculados a la delincuencia organizada y el Estado, es cómo unir fuerzas, como antes, entre ellos para combatir a la insurgencia revolucionaria y a los luchadores sociales para tratar de evitar un estallido social.
Volvemos a insistir que ante tanta impunidad gubernamental, el asesinato premeditado de ciudadanos, el encarcelamiento por consigna de luchadores sociales, las miles de desapariciones forzadas como práctica de “limpieza social” y contrainsurgencia, el siniestro hostigamiento y vejación a los presos políticos para que claudiquen de la lucha y el hostigamientos sistemático de las organizaciones populares como pueblo debemos organizarnos para que a Calderón, Gómez Mont y la cúpula policíaco-militar belicista sean juzgados por los múltiples crímenes de lesa humanidad que han estado cometiendo como política de Estado.
Se debe exigir juicio y castigo a los militares y su respectiva cúpula por tribunales civiles nacionales e internacionales porque en nuestro país no existe la justicia, ésta se vende al mejor postor y está al servicio de los grandes empresarios nacionales y extranjeros. La exigencia de “garantías jurídicas” y la demanda de mantener el fuero militar es una pretensión anticonstitucional y retrógrada que busca plena impunidad, así como borrar de la memoria colectiva los derechos constitucionales y las conquistas sociales que se han logrado a base de lucha por nuestro pueblo. La ambición de poder político y económico de la cúpula militar no tiene límite, ante ésta el Ejecutivo espurio sólo juega el papel de ordenanza.
En las actuales condiciones de precariedad de la mayoría de la sociedad profundizadas por el actual gobierno; de la violencia institucionalizada contra el pueblo para implantar el terror del Estado; la creciente criminalización de la sociedad que a ojos de militares, policías y políticos todos somos delincuentes; y la impunidad de los ejecutores de la represión y los crímenes de Estado, todos tenemos que organizarnos contra los responsables de la pobreza, la miseria, la impunidad y la represión de este gobierno antipopular.
Guardar silencio, omitir la verdad, tomar una actitud de indiferencia y de pasividad ante la violación de los derechos humanos significa dar un espaldarazo a la política policíaco-militar del gobierno ilegítimo y de la cúpula militar que pugnan por imponer un estado policíaco-militar, en donde “los civiles” que no porten uniforme de policía o de militar son delincuentes que son tratados de acuerdo al adiestramiento fascista de las fuerzas castrenses. Guardar silencio o indiferencia es justificar este proceder autoritario.
¿Qué tenemos que hacer como pueblo?... No hay otro camino más que la lucha organizada fuera de los marcos corporativizantes y mediatizadores, porque el pueblo organizado y en lucha es el único que podrá transformar su propio destino y al país. Ciudadanos sin partido, luchadores sociales de todos las posiciones políticas, personalidades progresistas, académicos, científicos, periodistas, militantes honestos de partidos políticos electorales y los revolucionarios debemos luchar unidos porque todos estamos en la mira del “jefe supremo” y sus fuerzas represivas.
La lucha debe ser por un cambio estructural, tomando con sensibilidad un compromiso con el pueblo y no como discurso coyuntural para posicionarse políticamente, en las actuales condiciones toda manifestación de inconformidad y protesta desde las diversas formas y trincheras de lucha debe exigir:
- La libertad de todos los presos políticos y de conciencia.
- El respeto de la vida de los luchadores sociales y libertad de militancia política.
- La información detallada de todos los detenidos desaparecidos del pasado y presente y su presentación con vida.
- Cese a la criminalización gubernamental de la pobreza, la lucha y la protesta popular.
- El respeto irrestricto a los derechos constitucionales y a los derechos humanos.
- Respeto al sindicalismo independiente y la libertad de organización, manifestación y de expresión.
- Alto al acoso y hostigamiento policíaco-militar hacia pueblos, comunidades campesinas e indígenas y organizaciones populares acosadas por defender sus derechos constitucionales.
- El castigo a los promotores intelectuales y materiales de la pobreza y hambruna en nuestro país que abarca a más de 70 millones de mexicanos.
- Respuesta concreta del Estado mexicano sobre la desaparición de nuestros compañeros, así como del resto de los detenidos desaparecidos del país, ya sea por motivos políticos o sociales.
- Castigo a los responsables de los crímenes de Estado que se han estado cometiendo bajo la bandera del combate al narcotráfico.
- Libertad a todos los presos inocentes que injustamente se encuentran en las cárceles por presunción de ser delincuentes y por consigna gubernamental.
- El rechazo a la reforma laboral que pretende anular derechos sindicales y conquistas sociales.
Es inconcebible que una política fascista que todo criminaliza y ahoga en un baño de sangre al país sea reproducida por gobiernos progresistas que de una u otra manera hacen eco a las exigencias de la ultraderecha y la cúpula militar con apoyo de los monopolios de comunicación que justifican y hacen apología de la violencia institucionalizada contra el pueblo y los luchadores sociales, que para todos ellos los muertos si no son de los propios, no hay sentimiento humano que valga sólo representan cifras y cifras que justifican “la abnegada y valiente actuación” de las fuerzas represivas.
Reiteramos que el origen de la delincuencia y la descomposición social está en la insatisfacción de las necesidades fundamentales para vivir dignamente y los derechos constitucionales como son el trabajo, la salud, la vivienda, la alimentación, la educación, la cultura, la recreación, entre otros, por lo tanto su solución es de carácter político social y no policíaco militar, porque los presuntos delincuentes no nacieron como tales por tener un origen pobre, de madres solteras o de hogares desintegrados, aquellos los engendra premeditadamente el sistema y los gobiernos antipopulares con sus políticas neoliberales y que desbordado el problema pretenden resolverlo con la “limpieza social”.
En esta espiral de represión gubernamental sin freno, de militarización y criminalización a toda la sociedad, de la aberrante práctica de la desaparición forzada por motivos políticos o sociales cualquier área geográfica del país se convierte en escenario y objetivo militar para el accionar de todos aquellos que los marcos de la lucha legal ya no sean suficientes para lograr la transformación social.
Estamos esperando respuesta de parte del gobierno federal sobre nuestras demandas a través de la Comisión de Mediación, no olvidamos que nuestros compañeros Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez siguen detenidos desaparecidos; no olvidamos que en esta condición, entre muchos más, se encuentran otros ciudadanos y luchadores sociales; no olvidamos y nadie debe olvidar que muchos luchadores sociales han sido arteramente asesinados por las fuerzas represivas como la Sra. Josefina Reyes por denunciar los abusos militares.
¡VIVOS SE LOS LLEVARON, VIVOS LOS QUEREMOS!
¡A EXIGIR LA LIBERTAD DE TODOS LOS PRESOS POLITICOS Y DE CONCIENCIA DEL PAIS!
¡POR LA PRESENTACION DE TODOS LOS DETENIDOS DESAPARECIDOS!
¡POR LA REVOLUCION SOCIALISTA!
¡VENCER O MORIR!
¡POR NUESTROS CAMARADAS PROLETARIOS!
¡RESUELTOS A VENCER!
¡CON LA GUERRA POPULAR!
¡EL EPR TRIUNFARA!
COMITÉ CENTRAL DEL PARTIDO DEMOCRATICO POPULAR REVOLUCIONARIO
PDPR
COMANDANCIA GENERAL DEL EJERCITO POPULAR REVOLUCIONARIO
CG-EPR
Comentarios